La semana política chilena se tiñó de un debate inesperado que trasciende los pasillos del Congreso y llega hasta los estrados judiciales. Mientras el Gobierno y senadores de diversos sectores lograron un acuerdo para impulsar cambios constitucionales en materia de seguridad—retirando las propuestas iniciales del Ejecutivo—, un fenómeno tecnológico irrumpió en la agenda pública: el uso de inteligencia artificial en la redacción de sentencias judiciales. Este hecho, que combina innovación, ética y derecho, expone una tensión moderna entre la eficiencia procesal y la garantía de un debido proceso.
Los casos que encendieron la alarma
La polémica estalló al conocerse al menos dos causas donde se verificó la utilización de herramientas de IA. Por un lado, el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago emitió una sentencia de dimensiones descomunales: 456 mil páginas, un volumen que de por sí genera interrogantes sobre la capacidad humana de análisis y que ahora se sospecha ampliamente asistido por algoritmos. Por otro, la Corte de Apelaciones registró un fallo donde incluso quedó incorporado textualmente el prompt utilizado para generar el contenido, dejando una huella digital inequívoca de la intervención tecnológica.
Estos episodios no son meras anécdotas; representan un punto de inflexión para el Poder Judicial. Por primera vez, se hace tangible y verificable cómo las grandes lenguas de modelo (LLMs) están permeando la labor jurisdiccional, una función estatal que por definición requiere imparcialidad, fundamentación y responsabilidad humana. El abogado constitucionalista Tomás Jordán, de la Universidad Alberto Hurtado, analizó este escenario en el programa Al Pan Pan, señalando la urgencia de establecer marcos éticos y regulatorios antes de que la práctica se normalice sin controles.
Un acuerdo político en medio de la tormenta tecnológica
Paralelamente, la política tradicional avanzaba en un frente crítico: la seguridad. Un grupo transversal de senadores—Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC)—logró coordinar con el Gobierno una iniciativa que equipara el crimen organizado con el terrorismo y que reemplazará las propuestas iniciales del Ejecutivo. Este acuerdo, celebrado como un ejemplo de diálogo, contrasta con la falta de discusión legislativa sobre el uso de IA en la justicia, un vacío que expertos como el cientista político Aldo Cassinelli consideran peligroso.
Mientras tanto, el Presupuesto 2027 enfrenta fuertes cuestionamientos por recortes en educación superior, la Fundación Prodemu y programas de inclusión digital, justo en un momento donde la brecha tecnológica se vuelve un factor de desigualdad ante la ley. La expresidenta Michelle Bachelet, al abrir la puerta a una eventual nueva candidatura, hereda un panorama donde la innovación y la gobernabilidad digital serán temas ineludibles.
La convergencia de estos hechos pinta un Chile en transición, donde las herramientas del futuro ya están moldeando el presente de sus instituciones. La pregunta que queda flotando es si el sistema legal—y la política que lo sustenta—están preparados para gobernar la inteligencia artificial antes de que ella termine, de facto, gobernándolos a ellos.
Fuente: Congreso IA