En un movimiento silencioso pero de profundas consecuencias, el Congreso de Colombia dejó caducar el único proyecto de ley que buscaba ponerle rieles a la vorágine de la Inteligencia Artificial. Ocurrió el pasado 19 de junio, cuando el plazo legal venció sin que la iniciativa —una fusión de más de trece propuestas del Ministerio de Ciencia— llegara siquiera a debate. La ausencia de una normativa local deja al país a la deriva frente a una tecnología que ya redefine empleos, invade procesos electorales y amplía las capacidades de vigilancia estatal, todo mientras otras regiones, como la Unión Europea, ya aplican reglas estrictas.
Un semáforo regulatorio que nunca se encendió
El proyecto hundido proponía un sistema de clasificación de riesgo tipo semáforo para los sistemas de IA y la creación de una autoridad de vigilancia. Contaba, incluso, con mensaje de urgencia del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la presión del gremio tecnológico, que argumentó que la inmensa mayoría de las pymes colombianas no usa esta tecnología, terminó por sepultarlo. En su lugar, ahora circulan dos nuevas iniciativas en el legislativo, pero expertos señalan que ninguna aborda de frente el impacto más inmediato y tangible: la destrucción masiva de puestos de trabajo en sectores como el diseño gráfico, la redacción y la corrección de estilo.
Los damnificados reales: empleo y democracia
Mientras el debate legislativo se estanca, las cifras globales pintan un panorama alarmante. Estudios de Harvard Business School con 1.38 millones de ofertas freelance revelan caídas del 18.5% en la demanda de diseño gráfico y del 30.4% en escritura, directamente atribuidas a herramientas como Dall-e, Midjourney y ChatGPT. En Colombia, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario calcula que cerca de 6 millones de trabajadores están en empleos de alta exposición a la IA. Pero el problema trasciende lo laboral. La tecnología ya se usa para vigilancia migratoria —con sistemas como los de Palantir, proveedor del ICE estadounidense y con un acuerdo previo con la Presidencia colombiana— y para manipular la opinión pública en elecciones, mediante redes de videos deepfake que alcanzaron cientos de millones de reproducciones.
La Unión Europea, con su Reglamento de IA vigente desde 2024, ya prohíbe usos de alto riesgo como la manipulación subliminal y exige transparencia en los contenidos generados. Colombia, en cambio, navega sin brújula en un mar donde la IA puede tanto optimizar servicios como erosionar derechos fundamentales. La pregunta que flota en el ambiente es clara y urgente: ¿cuál será el costo social, económico y democrático de seguir postergando una ley que ya era necesaria ayer?
Fuente: Congreso IA