En un movimiento que valida las posturas técnicas de las regiones, la Comisión Europea ha integrado en su hoja de ruta para la eficiencia energética de los centros de datos varios de los criterios que el Gobierno de la Región de Murcia defendió con firmeza. Este alineamiento entre Bruselas y Murcia, plasmado en un informe comunitario, sienta un precedente crucial mientras España ultima su Real Decreto, impulsando una regulación más realista y menos homogenizante.
El clima como factor decisivo
Uno de los puntos centrales recogidos por Europa es la necesidad de que los futuros estándares mínimos de rendimiento sean “ambiciosos pero realistas” y se adapten a las condiciones climáticas y la ubicación de cada instalación. El consejero murciano Juan María Vázquez destacó que esto era precisamente lo que su administración había reclamado: “Europa reconoce que no se pueden establecer requisitos idénticos sin tener en cuenta dónde se ubica cada instalación”. La advertencia regional era clara: aplicar los mismos límites de eficiencia (PUE) y uso de agua (WUE) a todo el territorio, ignorando las altas temperaturas del sureste español, penalizaría injustamente a regiones como Murcia y limitaría su capacidad para atraer inversiones tecnológicas estratégicas.
Neutralidad tecnológica y gestión de la demanda
El informe europeo también aboga por un enfoque tecnológicamente neutral, otra de las banderas de Murcia. Esto implica permitir que cada centro de datos elija las soluciones de refrigeración más adecuadas a su entorno, sin imponer una tecnología única. “Energía y agua están estrechamente relacionadas. Reducir al máximo una puede implicar aumentar la otra”, explicó Vázquez, abogando por una evaluación conjunta. Además, Bruselas alerta sobre el explosivo incremento de la demanda eléctrica de estos centros, que podría crecer un 68% en la UE para 2030. Por ello, insiste en mejorar su integración en el sistema eléctrico, una cuestión que la Región también incluyó en sus alegaciones, subrayando la necesidad de coordinar cualquier cambio normativo con la planificación autonómica de infraestructuras.
Este respaldo tácito de la Comisión Europea llega en un momento clave, con la consulta pública sobre los estándares abierta hasta el 14 de diciembre. El caso murciano ilustra cómo las administraciones regionales, con argumentos técnicos sólidos, pueden influir en la normativa europea y estatal, abogando por una transición digital sostenible pero justa, que no deje a nadie atrás por su geografía.
Fuente: Congreso IA