En un giro que coloca al país en las antípodas de la tendencia global, la Argentina discute en el Senado el llamado Súper RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones en data centers de inteligencia artificial, criptomonedas y semiconductores. El proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por tres décadas, con una alícuota reducida de Ganancias y exenciones totales de aranceles. La inversión mínima requerida es de 1.000 millones de dólares, cinco veces el piso del RIGI original. Sin embargo, el texto no exige, a cambio, ninguna contrapartida en materia ambiental, hídrica o energética, justo cuando el mundo impone moratorias y regulaciones estrictas para estos megaproyectos.
El patrón global: frenos, moratorias y estándares de eficiencia
La expansión descontrolada de los centros de datos que alimentan la IA generativa ya enfrenta un muro de restricciones en decenas de países. Irlanda, donde los data centers consumieron el 22% de la electricidad nacional en 2024, dejó de habilitar nuevas conexiones eléctricas. Países Bajos impuso una moratoria a los proyectos de híper-escala, Singapur frenó las aprobaciones por falta de tierra y energía, y Escocia acaba de exigir evaluaciones de impacto ambiental obligatorias. En Estados Unidos, Nueva York decretó la primera moratoria estatal y más de 60 iniciativas locales buscan frenar su avance. El patrón es claro: los Estados están respondiendo a la presión social y ambiental, preguntándose bajo qué condiciones aceptar una infraestructura que devora recursos escasos.
Conflictos en América Latina: agua, sequía y derechos
La región no es ajena al debate. En Chile, el proyecto Cerrillos Data Center de Google, que planeaba extraer 169 litros de agua por segundo del acuífero de Santiago, fue anulado parcialmente por la justicia ambiental y luego abandonado. En Uruguay, el mismo gigante tecnológico tuvo que reducir a un tercio su megaproyecto en Canelones y cambiar su sistema de enfriamiento tras la presión ciudadana y judicial, que forzó a revelar un consumo de 7,6 millones de litros de agua potable por día en plena sequía histórica. Estos casos muestran que, cuando la sociedad exige transparencia, los proyectos deben rediseñarse o caer.
Mientras tanto, el Súper RIGI argentino avanza sin incorporar estas lecciones. El caso testigo es la carta de intención entre Sur Energy y OpenAI para instalar en la Patagonia un data center de hasta 25.000 millones de dólares, un proyecto faraónico que ilustra la escala del negocio. La ONU ya advirtió: para 2030, los data centers a nivel global podrían consumir una electricidad equivalente a la de Pakistán, Bangladesh y Nigeria juntos, y usar el agua que necesitan 1.300 millones de personas para vivir. Ante este panorama, la iniciativa argentina no solo no pregunta por los costos ocultos, sino que ofrece beneficios extraordinarios sin pedir nada a cambio, en una apuesta que muchos especialistas ya califican de miope y riesgosa para la soberanía ambiental del país.
Fuente: Congreso IA