El Congreso del Estado de Oaxaca dio un paso legislativo inédito al aprobar, en Sesión Ordinaria celebrada este 5 de octubre de 2026, un exhorto de Urgente y Obvia Resolución que obliga a dos organismos clave —el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cocitei) y la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— a coordinar campañas institucionales sobre los beneficios, riesgos y uso responsable de la inteligencia artificial.
Una medida preventiva con rostro humano
La iniciativa, impulsada por el diputado Raynel Ramírez Mijangos, del Grupo Parlamentario de Morena, no se queda en una declaración genérica. Apunta directamente a los sectores más vulnerables frente a la irrupción tecnológica: niñas, niños y adolescentes; madres y padres de familia; jóvenes; personas adultas mayores; y de manera particular a comunidades indígenas y afromexicanas, históricamente relegadas del acceso a información tecnológica cualificada.
El legislador fundamentó su propuesta recogiendo alertas que circulan a nivel internacional. Investigadores y excolaboradores de empresas como OpenAI, Anthropic y Google DeepMind han advertido reiteradamente sobre fallas en los sistemas de control, riesgos de desinformación masiva, desafíos en materia de seguridad digital y posibles vulneraciones a la privacidad individual. Esos testimonios, según el diputado, deben traducirse en políticas públicas concretas a nivel local.
Competencias claras y acción coordinada
El Punto de Acuerdo establece un marco de actuación preciso. Por un lado, el Cocitei deberá desplegar su expertise en promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación para diseñar contenidos educativos accesibles. Por otro, la Policía Cibernética aportará su capacidad operativa en prevención de delitos informáticos, un frente cada vez más crítico ante el uso malicioso de herramientas de IA generativa.
La LXVI Legislatura consideró que la acelerada evolución de la inteligencia artificial representa oportunidades tangibles para distintos sectores productivos y educativos, pero también plantea amenazas concretas para la seguridad, el bienestar psicológico, la privacidad y el funcionamiento mismo de las instituciones sociales. Por ello, el exhorto busca que las autoridades proporcionen información verídica que permita a la población adoptar medidas preventivas ante posibles riesgos.
El contexto global que presiona a las legislaturas locales
La decisión del Congreso oaxaqueño se inscribe en una tendencia regional: distintos parlamentos latinoamericanos comienzan a legislar o emitir pronunciamientos sobre IA, siguiendo el ritmo marcado por marcos como el AI Act europeo o las directrices de la UNESCO. Si bien el exhorto no tiene fuerza de ley, su aprobación por la vía de Urgente y Obvia Resolución envía una señal política clara: la agenda de inteligencia artificial ya no es exclusiva de foros tecnológicos, sino que ingresa de lleno en la discusión institucional de los estados.
Resta ahora conocer los plazos y mecanismos de rendición de cuentas que el Cocitei y la SSPPC implementarán para dar cumplimiento al exhorto, así como las métricas de alcance que permitirán evaluar si las campañas efectivamente llegan a los sectores prioritarios identificados por la Legislatura.
Fuente: Congreso IA